Mientras el turismo internacional está a poco de recobrar por completo las cifras récord prepandémicas, la explosión de turistas deja a su paso costos cada vez más pesados para las poblaciones locales. Con la afluencia de viajeros al alza y un mercado inmobiliario ajustado, los precios de venta y alquiler de viviendas han ido en aumento; una tendencia alimentada por la proliferación de las rentas de corto plazo que funcionan a través de plataformas como Airbnb o Booking. Ante el fenómeno, los gobiernos tratan de regular y los pobladores de algunas ciudades se esfuerzan por alejar a los turistas, en una especie de ‘turismofobia’ donde la prosperidad económica no lo es todo.
Hay toda clase de versiones sobre lo que representa el turismo en la actualidad, que difieren según la fuente que se consulte y el impacto que deja en las poblaciones locales. Los viajes, en lugar de estabilizarse, están aumentando vertiginosamente como una especie de venganza por la pandemia de coronavirus que los detuvo casi por completo a partir de 2020. Se espera que 2024 sea el primer año en el que el turismo mundial establezca los récords que venía marcando antes de la crisis.
Bendición para algunos, maldición para otros. Las multitudinarias protestas que viven algunas potencias turísticas en Europa son la reacción a un fenómeno creciente en todo el mundo: la gentrificación. Las quejas van desde atascos de tráfico, hasta falta de acceso a la vivienda y el encarecimiento del costo de vida en general, hasta pérdida de identidad cultural.
El sobreturismo es una palabra que se ha popularizado en los últimos años y que describe el punto de inflexión en el que los visitantes y su dinero dejan de beneficiar a los residentes locales y, en cambio, degradan los sitios históricos, sobrecargan la infraestructura y hacen la vida notablemente más difícil para quienes habitan allí. Lo que ha desencadenado en un creciente fenómeno de ‘turismofobia’ que no es propio de Europa. En América Latina el ojo está puesto sobre una industria también en ascenso: las rentas cortas.
Maricela Lasso ha vivido la mitad de sus 78 años en un modesto edificio del barrio La Roma, en pleno corazón turístico de Ciudad de México. Hoy paga 7.000 pesos mensuales (unos 370 dólares) en una zona en la que, dice, una renta promedio puede costar hasta siete veces más. Ahora tiene dos opciones: comprar la vivienda a un precio inalcanzable o abandonarla a finales de 2024.
En abril de 2024, la Alcaldía de México publicó una nueva normativa para las llamadas “estancias turísticas eventuales”, según la cual, los anfitriones deben registrarse en una plataforma que vigilará la actividad del inmueble y ofertar como máximo tres unidades.
Décadas atrás escenario de un cruento conflicto armado entre carteles de la droga, hoy Medellín es la segunda ciudad más visitada de Colombia. Pamela Ruiz es una de tantos que supo aprovechar ese “boom”. Hace siete años, decidió invertir en un modelo de negocio relativamente emergente, muy rentable y casi exento de riesgo: lanzó su propio Airbnb y llegó a administrar otros. Ahora lo encuentra poco atractivo.
Las estancias de corto plazo se han popularizado, no sólo en esta ciudad de 2,5 millones de habitantes, sino alrededor del mundo. Pero en esta urbe tiene una particularidad: ostenta hoy tres veces más visitantes que hace diez años y el turismo sexual hace parte de ese auge.
En septiembre de 2024 se cumple un año desde que Nueva York reglamentó, casi hasta la prohibición, las rentas de corto plazo. La Ley Local 18 ahora exige que los anfitriones se registren en la ciudad, estén presentes en la residencia con los huéspedes y reciban a dos viajeros como máximo. Para Kurt Thometz, anfitrión de vivienda turística en Manhattan, estas nuevas reglas afectan su ingreso de vejez, basado en gran parte en lo que recibe por su negocio turístico.
En Argentina, donde la inflación sobrepasa el 260% anual, la inversión en rentas cortas les ha servido a muchos ciudadanos para escapar de una imparable devaluación que pulveriza sus ahorros. En 2020 entró en vigencia una ley de alquileres que establecía contratos de mínimo tres años y la actualización anual del monto de la renta que, por la altísima inflación, suponía alzas difíciles de afrontar.
El presidente Javier Milei derogó la norma y ahora volvió a ser atractivo el negocio de alquilar a familias. Sin embargo, Fernando Bigio, CEO de Casalia Stays, le sigue apostando a la administración de viviendas turísticas.
Más allá del auge turístico, los precios también empiezan a complicar el panorama. Plataformas de estancias cortas como Airbnb y Booking han desinflado sus expectativas a futuro, sobre todo en Estados Unidos, a medida que el crecimiento económico se desacelera y la persistentemente alta inflación desvía las intenciones de gasto de los consumidores.
Por el momento así se protegen las ciudades: Barcelona ha dicho que prohibirá todos los apartamentos vacacionales para 2028. Venecia introdujo un impuesto temporal de cinco euros para los excursionistas que llegaran en días especialmente congestionados y ahora evalúa imponerlo de manera permanente y por un valor mayor. En Japón, Kioto prohibió a los turistas el acceso a ciertas zonas y el Gobierno impuso límites a la gente que escala el Monte Fuji. “No vengan a Ámsterdam” es una campaña lanzada por el Ayuntamiento de la capital de Países Bajos, según la cual sólo se podrá construir un nuevo hotel si se cierra otro y habrá un límite de 20 millones de turistas permitidos por año. Y un distrito del centro de Budapest, el 15 de septiembre termina un referéndum de dos semanas sobre una posible prohibición de los alquileres de corta duración, que sería el primero de este tipo en uno de los destinos turísticos más populares de Europa.